El infeliz y tan cacareado asunto del primogénito de la infanta Elena y Jaime de Marichalar ha sido recibido con preocupación, por parte de algunos, y con comicidad nada encubierta por parte de otros. Es quizá sintomático de una monarquía que languidece en un país cuyos habitantes, cada vez más, ven con indiferencia los avatares que sacuden a la Casa Real, si no con hastío. La imputación de Iñaki Urdangarín en un caso de malversación de fondos públicos, entre otras acusaciones, no ayuda ciertamente a sentir pena o preocupación por la suerte que corran sus integrantes, sino más bien todo lo contrario.
Pero más allá del desafortunado suceso que tuvo como protagonista a Froilán de Borbón, que se disparó accidentalmente en el pie con una escopeta de caza en la villa de su padre en un bonito enclave navarro; más allá de esto, insisto, conviene, sin entrar en la alevosía que ha suscitado en gran parte de los españoles, analizar este hecho con algo más de profundidad. Que el citado benjamín se disparara de forma involuntaria no deja de ser una irresponsabilidad y un mero accidente. Dicho lo cual, el paralelismo entre el desprestigio de la Casa Real y sus reales súbditos, por una parte; y la percepción cada vez más notable de que la situación económica, política, social y de cualquier otra índole, que atañe a nuestro país, requiere de un análisis más riguroso, tanto por las razones tan aparentemente similares que lo provocan como por la sensación que transmiten.
La revuelta que suscita el descubrimiento del mal proceder de Urdangarín, antes aludido, es comparable por necesidad a los innumerables casos de corrupción política que salpican con cada vez más frecuencia los titulares de los principales medios españoles. Por un lado, por el hecho de constatar que efectivamente se producen, y por otra parte por el sentimiento de repulsa y condena que se deriva de ello.
A medida que se va desgranando el mesiánico plan de ajustes prometido, y ejercido tiránicamente por el PP, conforme se suceden los días y los meses; se produce el segundo sentimiento: de hastío, hartazgo, repulsa, contrariedad y condena entre los que se ganan el pan de forma honrada y digna. Para aquellos por encima de esta delgada línea que marca el discernimiento entre lo correcto y lo fácil, dichas objeciones no aparecen de forma tan obvia. La seguridad que garantiza estar metido en el mundo de la política, con continuas promesas de recolocación y desempeños varios, con chófer particular y dietas generosamente establecidas, hace comprensible que la indignación no sea especialmente manifiesta en esta casta social. Por otro lado, nos queda la constatación de la causa o causas de esta irresponsabilidad, antes constatadas.
El único medio para paliarlo, se nos dice, es trasladar a las urnas nuestro desagrado con la situación presente. De entrada, todo muy correcto y democrático. Pero ahí acaba esta noble intención, pues los propios partidos poderosos se encargan de no voltear esta situación de “liga de dos” al no modificar la tan denostada ley electoral, sentir latente en muchos votantes, que ven con recelo cómo uno u otro partido se afanan en preservar el estado de mediocridad política de la que lamentablemente no podemos escapar.
Ni siquiera manifestar. Esta semana, el Gobierno acaba de hacer público, dentro de las reformas del Código Penal, que a partir de ahora pasará a ser penada con multa y cárcel la concertación, mediante redes sociales, de manifestaciones para expresar el descontento con el hacer de los poderosos. También se considera de igual forma la resistencia pasiva a la “autoridad” en manifestaciones. ¿Cómo trasladar esto a la Casa Real, siguiendo el paralelismo que hemos establecido?
Hemos de reconocer que llegado este punto todo grado de similitud queda interrumpido. Desafortunadamente no podemos dar un giro a nuestro malestar en lo concerniente a la monarquía que ocupa los elegantes pasillos y estancias de la Zarzuela. Pero más allá de esta incapacidad electoral, cabe preguntarse, no sin ironía, si, además de estar bajo mínimos la aprobación ciudadana a esta regia institución, no hacen más sus integrantes por denostarla con sus hechos, escandalosos como se puede comprobar, y con la consiguiente repulsa que ello aviva. ¿No supone, dicho coloquialmente, pegarse un tiro en el pie dar lugar a nuevas condenas por su forma de proceder? ¿No es acaso una carga más que añadir a la larga lista de excesos de que se nos informa cada día?
Huelga responder a tales interrogantes por la claridad y rotundidad de la respuesta. ¿Y no supone, asimismo, pegarse otro tiro en el pie actuar como se viene haciendo hasta ahora, con las precarias condiciones que afectan cada vez a un mayor sector de la sociedad, aprobando nuevas medidas para disgusto, por no usar otra palabra más malsonante, de este mismo sector? La casta política, totalmente al margen de esta situación extrema, opina que no, de ahí su proceder. La pena que nos queda es que quedan cuatro largos años hasta poder cambiar de nuevo la situación en las urnas, “democráticamente”. Al parecer es la única forma democrática que se nos ofrece, a tenor del riesgo que asumimos si nos concentramos o manifestamos, ya que la benévola propensión del Estado y las autoridades a considerarnos vándalos será de rápida aplicación en dichas situaciones. En fin, queda el consuelo de que al menos se utilice silenciador cuando se dispare. La herida no dejará de sangrar, pero al menos no armará tanto alboroto, que es de lo que se trata. Supongo.